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Un repaso a las principales herencias políticas, sociales, económicas e institucionales de la dictadura iniciada con el golpe militar de 1973, las características y orígenes de la Constitución de 1980, así como las alternativas y el actual debate que fue el centro de la primera jornada del seminario “¿Una nueva Constitución? Legados de la Dictadura a 40 años del Golpe”, organizada por el Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina, del Instituto de Ciencia Política (ICP) de la Universidad Católica.

El objetivo del seminario era contrastar y generar discusión en torno a las distintas miradas acerca de la gestación, legado y necesidad y posibilidad de reforma de la Constitución de 1980. En el encuentro participaron cientistas políticos, economistas y abogados, quienes realizaron sus presentaciones ante un público conformado por académicos y estudiantes universitarios, además de alumnos de enseñanza media.

“La idea del seminario es tratar de entender no sólo cuáles son las herencias institucionales de la Constitución de 1980, sino también echar luz sobre otros tipos de legados socio culturales que hoy se encuentran en cierta manera ‘formateados’ por la Constitución, y así ver si es necesaria o no una reforma constitucional, al tiempo de revisar cuáles son los caminos institucionales y políticos para lograr dicha reforma, cuya viabilidad política es bastante restringida por los propios requisitos que impone la Constitución”, señala el académico del ICP y director del Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina, Juan Pablo Luna.

“El diálogo sobre la Constitución es interdisciplinario, aunque la propuesta básica de la Ciencia Política reconoce algunos supuestos que son importantes de destacar: Primero, que las constituciones no son políticamente neutras. Segundo, que la Constitución de 1980, como todas las constituciones, expresa los intereses y preferencias políticas de sus redactores. Tercero, que los procesos de redacción y reforma constitucional son esencialmente políticos. Cuarto, que la legitimidad de la Constitución no sólo depende del carácter democrático y deliberativo de su gestación y reforma. En ese sentido, la Constitución del ’80 no es democrática en su origen ni deliberativa en su redacción, y sus posteriores reformas son democráticas, pero no deliberativas, por lo que la pregunta sobre su legitimidad sigue plenamente vigente”, afirmó el director del ICP, Rodrigo Mardones, al inaugurar la conferencia.

La primera jornada del seminario analizó los legados económicos y sociales de la Constitución de 1980. En ella participaron Rossana Castiglioni, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, quien hizo un repaso de las políticas sociales que impulsó el gobierno militar; y los académicos del Instituto de Economía UC Rolf Lüders y Francisco Gallegos, quienes analizaron la situación económica que caracterizó al gobierno de Salvador Allende, como las reformas en esta área realizadas por la dictadura.

La ponencia principal del primer día del seminario estuvo a cargo de Roberto Gargarella, académico de la Universidad Torcuato di Tella (Argentina), quien dio una mirada al contexto del constitucionalismo latinoamericano, y analizó cómo y en qué medida la Carta de 1980 se enmarca en esa tradición.

El punto de partida de la segunda jornada fue la ponencia del filósofo político Renato Cristi, profesor de la Wilfrid Laurier University de Canadá, quien habló acerca de los orígenes de la Constitución de 1980, especialmente del papel de Jaime Guzmán y de su interpretación de algunas encíclicas católicas en la redacción de algunos artículos fundamentales del texto.

También se analizaron los legados políticos e institucionales de la Constitución de 1980. Un último panel, formado por el candidato a diputado y ex dirigente estudiantil Francisco Figueroa; el coordinador de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, José Francisco García, y el profesor de Derecho de la universidad de Adolfo Ibáñez, Fernando Atria, revisó las posibilidades de reformar o cambiar la Carta, y planteó algunos cambios necesarios, como aumentar la participación ciudadana, la descentralización del poder, y la reforma de algunas instituciones.